»Por Rubén Lobo Lopéz / www.soyborderline.com
La sanidad, como todos los servicios públicos, es deficitaria por naturaleza. Al ser gratuita, no produce beneficios económicos; y al estar cada vez más tecnificada y desarrollada, es cada vez más cara. Los gobiernos, sin ingresos procedentes de la sanidad, tienen que hacer frente a un gasto sanitario (en métodos diagnósticos, tratamientos, sueldos de profesionales, etc.) cada vez mayor, ya que a su vez la población crece.
Además, la sanidad pública es una fuente de conflictos constantes para esos gobiernos. La ciudadanía protesta por su ineficacia, por las listas de espera… y los profesionales de la sanidad protestan por la escasez de personal, la precariedad de sus condiciones laborales, la masificación de sus servicios, etc.
En los últimos años, los gobiernos estatales y regionales han encontrado la manera de librarse de ambos problemas, el económico y el de la conflictividad social: ceder la gestión de la sanidad pública a empresas privadas (constructoras, bancos, multinacionales, empresas de capital riesgo, aseguradoras, etc.), pagándoles un dinero fijo que depende del tamaño de la población atendida para que se hagan cargo de la atención sanitaria de esa población. Pero las empresas, obviamente, entran en el negocio esperando obtener beneficios.
El problema es que (de momento) la sanidad pública sigue siendo gratuita, no genera beneficios, por lo que las empresas sólo tienen una forma de ganar dinero: ahorrar parte del dinero que reciben de los gobiernos.
Es entonces cuando las empresas comienzan a incentivar al personal sanitario para que solicite menos pruebas diagnósticas a sus pacientes, para que les prescriba tratamientos más baratos, para que reduzca la duración de sus bajas laborales, para que envíen menos pacientes al hospital, para que los pacientes permanezcan menos tiempo hospitalizados, para se hagan menos revisiones,…etc. Es entonces cuando, para que las empresas aumenten sus cuentas de beneficios, la calidad de la atención que recibimos los ciudadanos empeora.
En los últimos años, los gobiernos estatales y regionales han encontrado la manera de librarse de ambos problemas, el económico y el de la conflictividad social: ceder la gestión de la sanidad pública a empresas privadas (constructoras, bancos, multinacionales, empresas de capital riesgo, aseguradoras, etc.), pagándoles un dinero fijo que depende del tamaño de la población atendida para que se hagan cargo de la atención sanitaria de esa población. Pero las empresas, obviamente, entran en el negocio esperando obtener beneficios.
El problema es que (de momento) la sanidad pública sigue siendo gratuita, no genera beneficios, por lo que las empresas sólo tienen una forma de ganar dinero: ahorrar parte del dinero que reciben de los gobiernos.
Es entonces cuando las empresas comienzan a incentivar al personal sanitario para que solicite menos pruebas diagnósticas a sus pacientes, para que les prescriba tratamientos más baratos, para que reduzca la duración de sus bajas laborales, para que envíen menos pacientes al hospital, para que los pacientes permanezcan menos tiempo hospitalizados, para se hagan menos revisiones,…etc. Es entonces cuando, para que las empresas aumenten sus cuentas de beneficios, la calidad de la atención que recibimos los ciudadanos empeora.
Y es por eso que las empresas contratan a menos personal de limpieza, a menos personal administrativo y de informática, prescinden de celadores y auxiliares, disminuyen la contratación de enfermeras y médicos, y precarizan al máximo las condiciones laborales de los trabajadores de la sanidad.
Los gobiernos se quitan un problema de encima privatizando la sanidad. Empresas sumidas en la crisis global reflotan gracias a su entrada en un mercado inagotable (todo el mundo es potencialmente cliente de su negocio porque todo el mundo necesita la sanidad en algún momento). El dinero entra a espuertas en los despachos de las grandes multinacionales. Pero los usuarios de la sanidad vemos cómo cada vez hay menos personal sanitario, como la atención que se nos brinda es peor, cómo tenemos que esperar mas, cómo se nos racanean pruebas, tratamientos, días de estancia en el hospital, cómo cada vez conocemos menos a nuestros terapeutas porque éstos cambian de puesto, desaparecen, son trasladados a otros servicios, etc.
Asistimos a un momento histórico, en el que el derecho a la atención sanitaria universal, gratuita, y en igualdad de condiciones, que conquistaron nuestros antepasados, está siéndonos arrebatado para engordar las cuentas de resultados de un puñado de empresarios.
FD.RUBÉN LOBO LOPÉZ
INFO DE CONTACTO: rubenwolfwolf@gmail.com / FACEBOOK: RUBEN LOBO LOPEZ SBY
No hay comentarios:
Publicar un comentario