Charlas o actividades de ocio, algunos de los puntos del plan. / DA
NATALIA TORRES| Santa Cruz de Tenerife
Cinco años es demasiado tiempo para que nadie se ocupe de una labor fundamental, la prevención en drogodependencias. Este es el tiempo transcurrido desde que se llevaron a cabo las últimas acciones en este campo (2007) así como el diagnóstico en el que se basa el II Plan Municipal en Prevención de Drogas, adjudicado el pasado mes de septiembre por 95.000 euros. En tiempos de crisis como los actuales, alguien puede pensar que este es un tema que puede esperar, pero una visita a los centros de atención a drogodependientes pone de manifiesto cómo muchos de los que allí acuden hubieran agradecido una mano antes de caer en un mundo del que es complicado salir.
La Asociación San Miguel, pionera en la asistencia a drogodependientes, sabe de lo que habla cuando muestra su preocupación, tanto por el número de personas que sufren recaídas, cada vez más seguidas, como por el incremento que se está dando en otro tipo de usuario: “Son personas que presentan problemas con las benzodiazepinas (tranquilizantes) y también con el alcohol, adicciones que están asociadas directamente a la crisis”, señala el médico de la asociación, Miguel Dorta.
La labor de San Miguel es asistencial, de la prevención se encarga el Ayuntamiento. Allí, en el Instituto de Atención Municipal (IMAS), ningún técnico se ocupa de ello, denuncia Guillermo Guigou, concejal de Ciudadanos por Santa Cruz y experto en el tratamiento de adicciones. “Llevamos cinco años sin ningún tipo de acción preventiva, no se ha hecho nada, y ahora por fin se adjudica un plan que, por muy buenas intenciones que contenga, es irreal porque es imposible llevarlo a la práctica”.
José Ángel Martín, primer teniente de alcalde y responsable en funciones de Asuntos Sociales, explica que se atendió la sugerencia de Guigou de ir a cuestiones más concretas: “Es un documento muy ambicioso y al final es cierto que podría quedar desvirtuado por su imposible realización”. Según Martín, “lo que hemos decidido, atendiendo al pliego de condiciones y a los objetivos que nos hemos marcado, es traer una propuesta conjunta de todos los consejeros del IMAS, de todos los partidos, para priorizar unas líneas y así dejárselas claras a la concesionaria”.
Se trata, según el concejal, de marcar la senda por las que se tiene que mover Ocide, empresa a la que se le ha adjudicado el plan, documento que, por otra parte, no ha sido consesuado con las asociaciones asistenciales. La adjudicación se realizó en septiembre y aún no ha habido reunión alguna sobre qué líneas se han de priorizar.
Guigou advierte de las consecuencias de esta dejadez: “Lo veo cada día en mi consulta, está repuntando el consumo de sustancias, sobre todo en heroína, y si no hacemos nada podríamos vernos en situaciones muy desagradables”.
Peor parte
La peor parte se la llevan como siempre los más vulnerables, los menores, tal y como confirman desde la Asociación San Miguel, que atiende a toda la zona metropolitana. “Solo este año ya atendemos a 20 menores con medidas judiciales y con problemas de drogadicción”, explica Teresa de la Rosa, trabajadora social de la asociación. Esta realidad ha llevado a la organización a crear una unidad específica: “No podemos simplemente atender al menor porque lo manda el juez, el trabajo de fondo es mucho más profundo, hay que trabajar con las familias, los institutos y para eso se hace necesario contar con personal específico”.
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