El director periodístico durante 12 años del mensuario internacional Le Monde Diplomatique para el Cono Sur permite que Agenda Oculta publique un capítulo de su reciente libro “Argentina en la encrucijada. Democracia o país mafioso”.
* por Carlos Gabetta, periodista ex director del diario Le Monde Diplomatique para el Cono Sur.
Este es un artículo que publiqué en Le Monde diplomatique en febrero de 2007. Ese año, el presidente de México, Felipe Calderón, inició una “guerra” militar-policial contra el narcotráfico, tema que había sido uno de los ejes de su campaña electoral. Desde entonces, esa “guerra”, además de poner en descubierto la complicidad de altos funcionarios, militares, servicios de inteligencia y policías con el narcotráfico, ha dado un único resultado: más de 40.000 muertes entre policías, militares y civiles (la mayoría, por supuesto, estos últimos), y la de dos Secretarios de Gobernación (equivalente a Ministro de Interior), José Camilo Mouriño, en noviembre de 2007, y José Francisco Blake Moore, en noviembre de 2011.
A principios de septiembre de 2012, la prensa internacional difundió dos informes de Naciones Unidas y el Congreso de Estados Unidos, que denunciaban el “aprovechamiento de la crisis global por el narcotráfico para expandir sus negocios” y “los lazos entre grandes bancos y grupos delictivos”. Al mismo tiempo, la senadora francesa Samia Ghali reclamaba la intervención del ejército “para luchar contra el crimen organizado” en la ciudad de Marsella (1). Ya no es cuestión de Colombia o México solamente, sino de un gran país desarrollado europeo. Aviso para argentinos
Narcotráfico vs. Democracia
El narcotráfico está minando al sistema democrático. Ocurre en todo el mundo, pero en particular en países subdesarrollados y con instituciones débiles, ineficientes y corruptas, como es el caso de Argentina y otros países latinoamericanos. Vale, para empezar, reproducir las declaraciones del Secretario General de Interpol, Raymond Kendall, ante el congreso anual de la Organización Internacional de Policía del Crimen, en 1997, publicadas en Argentina por The Buenos Aires Herald: "...hoy, la amenaza real para nuestras sociedades es una combinación del crimen organizado y el tráfico de drogas (...) la guerra contra las drogas va mucho más allá de los daños que inflingen a los individuos. Los grandes beneficios del narcotráfico indican que el crimen organizado puede corromper nuestras instituciones en el más alto nivel. Si pueden hacer eso, entonces nuestras democracias están en peligro".
Ya no es posible continuar ignorando este aspecto de la realidad, sencillamente porque ha dejado de permanecer oculto; ha perdido su opacidad. La realidad está compuesta de cosas que son evidentes y otras que no tanto, o en absoluto. Antoine de Saint-Exupery escribió que "lo esencial es invisible a los ojos" y Julio Cortázar construyó con esa percepción de lo que no se ve, pero "se sabe" que existe y opera, toda una obra literaria.
Pero no siempre es así; hay momentos en que un elemento poco o nada visible, pero que influye desde hace tiempo y en forma creciente sobre la realidad tangible, acaba transformándola de tal modo que aparece en primer plano; síntoma y causa expuestos a un tiempo, como un tumor oculto cuando aflora en medio de un pecho. El marxismo dice que esto ocurre cuando una contradicción secundaria deviene principal, o cuando una acumulación cuantitativa produce un cambio de calidad.
Es el caso del narcotráfico, que en combinación con otros negocios ilegales (pero no necesariamente desvinculados del poder institucional, como el tráfico de armas), está desnaturalizando a las democracias políticas -en la medida en que penetra y altera sus economías- hasta convertirlas en caricaturas de sí mismas, en pura fachada. Los sucesos en San Pablo y Río de Janeiro (2); en varios Estados mexicanos (3); en la provincia argentina de Salta (4) o en el porteño barrio Bajo Flores (5) -por no citar más que algunos de los casos regionales o locales recientes- con su secuela de centenares de asesinatos, con su estela de terror sobre sociedades enteras y, sobre todo, con la evidente impunidad para sus autores y la implicación de policías, militares, jueces, funcionarios y dirigentes políticos, hablan por sí mismos.
Los manuales guerrilleros plantean, para un momento determinado de la lucha revolucionaria, el tema del "doble poder": el control nocturno de una ciudad, obligando a las fuerzas de seguridad enemigas a replegarse por la noche en comisaría y cuarteles; o el control permanente de una región del país, como el que desde hace décadas ejercen los insurgentes colombianos. Sin que esto figure en manual conocido alguno, los "narcos" lo van logrando a su conveniencia en muchos países, incluso en las grandes democracias desarrolladas. Y lo hacen mucho más fácil y rápidamente que los revolucionarios, porque disponen de recursos ilimitados, no los retiene ningún prurito ético, moral o humanitario, ni los frena la necesidad de concientizar a grandes sectores de población: su táctica y su estrategia se funden en el único e inmediato objetivo de sobrevivir y ganar dinero mediante la distribución y venta de substancias tanto más requeridas cuanto que son ilegales. A diferencia de los revolucionarios, no enfrentan a las"clases dominantes" para acabar con ellas, sino que al contrario inyectan dinero en sus mercados, en sus negocios, en sus partidos políticos, instituciones y organizaciones corporativas. Y a los que resisten, los mandan a matar a bajo precio por cualquier sicario. Es notable lo poco que se evalúa en su justa medida el poder de individuos u organizaciones que tienen muchísimo dinero y están dispuestas a asesinar a cualquiera.
En cuanto a los cada vez más numerosos sectores pauperizados del mundo capitalista, no se proponen encuadrarlos para el combate revolucionario ni liberarlos de yugo alguno, sino simplemente ofrecerles dinerillo fácil y un quitapenas cotidiano. La combinación de negocios perfecta: un producto de inigualable rentabilidad que se transa cash y no paga impuestos ni cargas sociales; un mercado voraz y millares de vendedores y distribuidores dispuestos a cualquier cosa.
Así es que en algunos países o regiones, o en determinados momentos, puede decirse que el narcotráfico controla el poder. o al menos aquellos resortes del poder que le garantizan impunidad. Lo que equivale a decir ciertas leyes, ciertos políticos y funcionarios, ciertos resortes esenciales de los mecanismos de seguridad. Esto es mucho, muchísimo controlar, considerando que se trata de "tapar" un negocio que según los cálculos más conservadores mueve más de 300.000 millones de dólares anuales en el mundo (6) y que de tanto en tanto -pero de manera creciente- necesita dar muestras de poder mediante el terror con hechos como el "levantamiento" en San Pablo, la principal ciudad de América Latina y su mayor centro industrial, que dejó 152 muertos en un solo día. Ya se ha señalado aquí el hecho extraordinario de que el cabecilla de esa escabechina en las calles de San Pablo (repetida luego en Río de Janeiro) llevaba años en una celda de máxima seguridad y organizó todo el asunto desde un teléfono celular que las autoridades de la cárcel no se atrevían a confiscarle. ¿Qué guardiacárcel -suponiendo que no esté comprado- va a retirarle el celular a un hombre que lo mira a los ojos y le dice "mañana toda tu familia estará muerta", sabiendo que no alardea?
Impotencia… o complicidad
Es hora de que las sociedades entiendan que esto ha escapado por completo del poder de modificar los hechos -por no hablar del entendimiento- de los dirigentes políticos, jueces, funcionarios y fuerzas de seguridad en muchos países. Algunos, quizá muchos de ellos, son narcotraficantes o están comprados de alguna manera (hay muchas, desde la corrupción personal hasta el chantaje o la amenza de muerte, pasando por la coartada de "hacer caja" para el partido cerrando los ojos sobre la procedencia), lo que viene a ser lo mismo. Por obvias razones, esto es casi imposible de probar, pero cualquier ciudadano atento puede colegirlo con la simple enumeración y encadenamiento de hechos cotidianos que, como se dice, claman al cielo.
Aquellos dirigentes o funcionarios que ni se dejan corromper ni son narcotraficantes, o están ajenos al corazón del problema o muy poco pueden hacer, porque la mayor parte de los instrumentos de los que en teoría disponen para el combate, están infiltrados o en manos, o a merced de los narcotraficantes; de su doble poder: económico o de mortal "persuasión". En una entrevista esclarecedora (7), Mónica Cuñarro, ex titular de la unidad argentina de ayuda para el combate al narcotráfico (Ufidro), subrayó que "hay que investigar si la policía permite, protege o participa del narcotráfico" y que "es preocupante que se denuncie que posiblemente las fuerzas de seguridad protejan al narcotráfico".
¿Sólo las fuerzas de seguridad, en un país donde una de las principales líneas aéreas enviaba a Europa maletas repletas de cocaína -que pasaban por todos los controles- sin siquiera tomarse la molestia de que un pasajero las registrase a su nombre? ¿En un país donde la cuñada de un Presidente intentó pasar por la aduana una fortuna en dólares cash escondida en una maleta? ¿En un país donde se construyen pistas de aterrizaje de gran calado prácticamente en el desierto y nadie se considera obligado a dar explicaciones más o menos razonables, y además nadie las pide? ¿En un país donde los asesinos e implicados en el asesinato de José Luis Cabezas ya están libres, incluso los condenados a "cadena perpetua? (8)
Por supuesto que no toda corrupción se origina en el narcotráfico, pero es posible deducir que éste es la principal fuente de corrupción y que, de un modo u otro, está ligado a la mayor parte de las modalidades de corrupción conocidas, sobre todo las más voluminosas, por decirlo así: desde los paraísos fiscales (¿no es ésta una forma de corrupción alegremente aceptada, como si los negocios ilegales no fuesen su corazón y su esencia?) y el lavado de dinero, pasando por el financiamiento de los partidos políticos, los "fondos de inversión" dedicados a comprar empresas quebradas o a quebrarlas y los extraordinarios booms de sectores que, como el inmobiliario, se producen en numerosos países. Una de las mayores paradojas de este tiempo es que cada vez hay más pobres y mayor liquidez.
Fracaso absoluto
La enorme experiencia internacional acumulada indica que es imposible resolver el problema del narcotráfico por métodos represivos: esa visión ha fracasado sistemáticamente en todas partes; tanto respecto de la producción como del consumo. Se han gastado miles de millones de dólares y sólo se ha logrado profundizar la corrupción en todos los países, incluyendo a Estados Unidos, sin avanzar un milímetro, al contrario.
Pero en cambio, el método represivo persigue fines políticos, además de hacerle el juego al negocio del narcotráfico... y al de la venta de armamentos, puesto que van de la mano. Hace una década, Estados Unidos negó a Colombia por dos años consecutivos la “certificación” -establecida por ellos mismos- de país que lucha seriamente contra el narcotrafico. El entonces presidente de Colombia, Ernesto Samper, no podía visitar Estados Unidos porque se le negaba la visa de entrada a causa de una acusación, nunca probada, de haber sido elegido con la ayuda de seis millones de dólares aportados por el cartel de Cali. En un excelente artículo publicado en septiembre de 1997, el enviado de La Nación, Enrique Comellas, apuntaba al corazón del problema: “En tres años de gestión, el gobierno de Samper llevó adelante una de las luchas más duras posibles contra los carteles de la droga, desarticuló a las bandas más poderosas, remontó una legislación complaciente y encarceló o mató a los principales líderes del narcotráfico. Puso en marcha la extinción del dominio, que permite incautarse de los bienes de los narcotraficantes y despojar de los mismos a sus herederos. Se trata de la acción más eficaz de un gobierno en décadas contra la mafia de los alcaloides, pese a lo cual la propaganda norteamericana y la oposición política lo estigmatizaron con la marca del diablo: la narco-corrupción (...) Samper jamás tuvo tiempo para gobernar, apremiado por una guerrilla con la que siempre quiso dialogar para evitar un baño de sangre y que los militares pretenden exterminar en el campo de combate ( estuvo) permanentemente a la defensiva, jaqueado por adversarios que exigían sus renuncia y por la descertificación norteamericana (...) no pudo dar vida a su plan de reformas sociales, que había constituído la base de su plataforma, un instrumento para dejar sin razones a la guerrilla y el autético motivo de las reacciones adversas de una clase política abroquelada en viejas estructuras sociales” (9).
Es que para el gobierno de Estados Unidos, la "lucha contra el narcotráfico" no es más que una manera de extender y concretar sus ambiciones político-militares. Ya en tiempos del atribulado Samper, Eleonora Gossman, corresponsal de Clarín en Brasil, apuntaba que “a nadie se le escapa que es un antiguo anhelo de los EE.UU. hacer pie con estructuras militares en Latinoamérica”, y Anthony Boadle señalaba en The Buenos Aires Herald que ese"anhelo" tenía expresiones muy concretas: “un ejemplo de la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, ofrecido por funcionarios de los EE.UU., sería un puente aéreo sobre los Andes, con estaciones de radar manejadas por personal estadounidense en las regiones selváticas de Perú y Colombia”. Por su parte, Oscar Cardoso concluía lúcidamente en Clarín que “la insistencia de Washington para que las naciones americanas involucren a sus ejércitos en la lucha contra el narcotráfico no es sólo la lucha contra esa forma de crimen organizado; también configura un escenario hemisférico en el que podría haber una delegación de la política de defensa en los Estados Unidos, mientras América Latina apenas conservaría fuerzas policiales más o menos militarizadas” (10).
El problema del narcomilitarismo es de primera importancia para los países latinoamericanos, que sin embargo siguen aceptando la "solución represiva" y acaban in extremis por acudir a los militares -como ahora mismo en México y Brasil- con lo que es muy probable que solo consigan aumentar el nivel de corrupción militar y policial ya existente (11). Aceptar la lógica represiva es caer en una doble trampa. La primera, introducir o agravar el problema del narcotráfico, las secuelas de la drogadicción y, sobre todo, abrir enormes las puertas a la corrupción. La segunda, ceder irresponsablemente funciones de soberanía y violar los propios preceptos constitucionales.
La única manera eficaz que es posible concebir para acotar al máximo el narcotráfico y anular casi todos sus efectos sociales negativos es una liberalización lo más amplia posible y llevada a cabo con consenso internacional. Esta solución es apoyada por personalidades e instituciones de todo el espectro político e ideológico mundial, aunque sugestivamente por poquísimos dirigentes políticos.
Pero hasta que ese consenso se produzca, países como Argentina debe hacer lo posible por involucrar al conjunto de la sociedad y asumir las políticas internacionalmente probadas más realistas y eficaces, evitando los peligros señalados más arriba. Una de las claves es separar de una vez por todas el problema del consumo de drogas -que incluye las de venta legal- y a éste, a su vez, del de la drogadicción.
Teniendo todo esto en cuenta, las posiciones que sustenta el secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de Argentina, José Ramón Granero, no sólo son absurdas y contrarias a toda la experiencia mundial acumulada, sino que ponen a la política oficial en la materia bajo la sospecha de favorecer -aun involuntariamente- el comercio y consumo ilegal; de acentuar el déficit institucional, la inseguridad y los conflictos sociales y de poner al país en riesgo de ceder soberanía en sectores neurálgicos.
1 Julio Argañaraz, “La mafia usó la crisis global…”, y María Laura Avignolo, “El narcotráfico acosa a Marsella”, ambos en Clarín, Buenos Aires, 9-9-12.
2 A pesar de la presencia de tropas especiales, en un solo día aparecieron en Río 13 cadáveres mutilados. El País, Madrid, 26-1-07.
3 El nuevo presidente, Felipe Calderón, aseguró que "México corría el riesgo de ser dominado por el crimen" (El País, Madrid, 21-1-07). No es posible saber por qué Calderón usa el tiempo pasado, como si su sola asunción hubiese acabado con el flagelo. En 2006, siete periodistas mexicanos, para citar sólo un ejemplo, fueron asesinados por el narcotráfico. Clarín, Buenos Aires, 26-1-07.
4 Raúl Kollmann, "Creen que los federales salteños llevaron más de mil kilos de drogas", Página 12, Buenos Aires, 25-5-07. En esa provincia ocurren numerosos crímenes vinculados con el narcotráfico y desde hace tiempo se acusa a altísimos dirigentes políticos de ser narcotraficantes. Rafael Saralegui, "Según la DEA, el padre de Romero era narco", revista TXT, Buenos Aires, 21-3-03. "Romero" es Juan Carlos Romero, compañero de fórmula presidencial de Carlos Menem en 2004. "La DEA" es la Drug Enforcement Agency de Estados Unidos. El artículo está acompañado de facsímiles de los documentos de la DEA en los que Romero padre aparece implicado. Ver también Horacio Verbitsky, "Droga y política", Página 12, Buenos Aires, 5-10-06.
5 Cristián Alarcón, "Nadie está a salvo en la villa", Página 12, Buenos Aires, 22-1-07.
6 Según la DEA, esta cifra es de 600.000 millones, el doble. Carlos Gabetta, "El peligro del narcomilitarismo", trespuntos, Buenos Aires, 6-11-97 7 Cristian Alarcón, "La policía y la guerra de narcos en la ciudad", Página 12, Buenos Aires, 8-1-07.
8 El fotógrafo José Luis Cabezas fue asesinado el 25-1-1997 por ex policías y militares a cargo de la custodia de un turbio "hombre de negocios", Alfredo Yabrán, quien se suicidó luego en confusas circunstancias. Condenados a prisión perpetua, al igual que un ex comisario que había "liberado" la zona del crimen, los principales responsables están hoy libres.
9 Citado en Carlos Gabetta, ibid.
10 Ibid.
11 En la provincia de Buenos Aires existe un proyecto de ley "que en el mejor de los casos permitirá la equiparación de los sistemas público y privado de seguridad y en el peor el establecimiento de verdaderos narcoejércitos". Horacio Verbitsky, "Narcoejércitos", Página 12, Buenos Aires, 28-12-06.
A principios de septiembre de 2012, la prensa internacional difundió dos informes de Naciones Unidas y el Congreso de Estados Unidos, que denunciaban el “aprovechamiento de la crisis global por el narcotráfico para expandir sus negocios” y “los lazos entre grandes bancos y grupos delictivos”. Al mismo tiempo, la senadora francesa Samia Ghali reclamaba la intervención del ejército “para luchar contra el crimen organizado” en la ciudad de Marsella (1). Ya no es cuestión de Colombia o México solamente, sino de un gran país desarrollado europeo. Aviso para argentinos
Narcotráfico vs. Democracia
El narcotráfico está minando al sistema democrático. Ocurre en todo el mundo, pero en particular en países subdesarrollados y con instituciones débiles, ineficientes y corruptas, como es el caso de Argentina y otros países latinoamericanos. Vale, para empezar, reproducir las declaraciones del Secretario General de Interpol, Raymond Kendall, ante el congreso anual de la Organización Internacional de Policía del Crimen, en 1997, publicadas en Argentina por The Buenos Aires Herald: "...hoy, la amenaza real para nuestras sociedades es una combinación del crimen organizado y el tráfico de drogas (...) la guerra contra las drogas va mucho más allá de los daños que inflingen a los individuos. Los grandes beneficios del narcotráfico indican que el crimen organizado puede corromper nuestras instituciones en el más alto nivel. Si pueden hacer eso, entonces nuestras democracias están en peligro".
Ya no es posible continuar ignorando este aspecto de la realidad, sencillamente porque ha dejado de permanecer oculto; ha perdido su opacidad. La realidad está compuesta de cosas que son evidentes y otras que no tanto, o en absoluto. Antoine de Saint-Exupery escribió que "lo esencial es invisible a los ojos" y Julio Cortázar construyó con esa percepción de lo que no se ve, pero "se sabe" que existe y opera, toda una obra literaria.
Pero no siempre es así; hay momentos en que un elemento poco o nada visible, pero que influye desde hace tiempo y en forma creciente sobre la realidad tangible, acaba transformándola de tal modo que aparece en primer plano; síntoma y causa expuestos a un tiempo, como un tumor oculto cuando aflora en medio de un pecho. El marxismo dice que esto ocurre cuando una contradicción secundaria deviene principal, o cuando una acumulación cuantitativa produce un cambio de calidad.
Es el caso del narcotráfico, que en combinación con otros negocios ilegales (pero no necesariamente desvinculados del poder institucional, como el tráfico de armas), está desnaturalizando a las democracias políticas -en la medida en que penetra y altera sus economías- hasta convertirlas en caricaturas de sí mismas, en pura fachada. Los sucesos en San Pablo y Río de Janeiro (2); en varios Estados mexicanos (3); en la provincia argentina de Salta (4) o en el porteño barrio Bajo Flores (5) -por no citar más que algunos de los casos regionales o locales recientes- con su secuela de centenares de asesinatos, con su estela de terror sobre sociedades enteras y, sobre todo, con la evidente impunidad para sus autores y la implicación de policías, militares, jueces, funcionarios y dirigentes políticos, hablan por sí mismos.
Los manuales guerrilleros plantean, para un momento determinado de la lucha revolucionaria, el tema del "doble poder": el control nocturno de una ciudad, obligando a las fuerzas de seguridad enemigas a replegarse por la noche en comisaría y cuarteles; o el control permanente de una región del país, como el que desde hace décadas ejercen los insurgentes colombianos. Sin que esto figure en manual conocido alguno, los "narcos" lo van logrando a su conveniencia en muchos países, incluso en las grandes democracias desarrolladas. Y lo hacen mucho más fácil y rápidamente que los revolucionarios, porque disponen de recursos ilimitados, no los retiene ningún prurito ético, moral o humanitario, ni los frena la necesidad de concientizar a grandes sectores de población: su táctica y su estrategia se funden en el único e inmediato objetivo de sobrevivir y ganar dinero mediante la distribución y venta de substancias tanto más requeridas cuanto que son ilegales. A diferencia de los revolucionarios, no enfrentan a las"clases dominantes" para acabar con ellas, sino que al contrario inyectan dinero en sus mercados, en sus negocios, en sus partidos políticos, instituciones y organizaciones corporativas. Y a los que resisten, los mandan a matar a bajo precio por cualquier sicario. Es notable lo poco que se evalúa en su justa medida el poder de individuos u organizaciones que tienen muchísimo dinero y están dispuestas a asesinar a cualquiera.
En cuanto a los cada vez más numerosos sectores pauperizados del mundo capitalista, no se proponen encuadrarlos para el combate revolucionario ni liberarlos de yugo alguno, sino simplemente ofrecerles dinerillo fácil y un quitapenas cotidiano. La combinación de negocios perfecta: un producto de inigualable rentabilidad que se transa cash y no paga impuestos ni cargas sociales; un mercado voraz y millares de vendedores y distribuidores dispuestos a cualquier cosa.
Así es que en algunos países o regiones, o en determinados momentos, puede decirse que el narcotráfico controla el poder. o al menos aquellos resortes del poder que le garantizan impunidad. Lo que equivale a decir ciertas leyes, ciertos políticos y funcionarios, ciertos resortes esenciales de los mecanismos de seguridad. Esto es mucho, muchísimo controlar, considerando que se trata de "tapar" un negocio que según los cálculos más conservadores mueve más de 300.000 millones de dólares anuales en el mundo (6) y que de tanto en tanto -pero de manera creciente- necesita dar muestras de poder mediante el terror con hechos como el "levantamiento" en San Pablo, la principal ciudad de América Latina y su mayor centro industrial, que dejó 152 muertos en un solo día. Ya se ha señalado aquí el hecho extraordinario de que el cabecilla de esa escabechina en las calles de San Pablo (repetida luego en Río de Janeiro) llevaba años en una celda de máxima seguridad y organizó todo el asunto desde un teléfono celular que las autoridades de la cárcel no se atrevían a confiscarle. ¿Qué guardiacárcel -suponiendo que no esté comprado- va a retirarle el celular a un hombre que lo mira a los ojos y le dice "mañana toda tu familia estará muerta", sabiendo que no alardea?
Impotencia… o complicidad
Es hora de que las sociedades entiendan que esto ha escapado por completo del poder de modificar los hechos -por no hablar del entendimiento- de los dirigentes políticos, jueces, funcionarios y fuerzas de seguridad en muchos países. Algunos, quizá muchos de ellos, son narcotraficantes o están comprados de alguna manera (hay muchas, desde la corrupción personal hasta el chantaje o la amenza de muerte, pasando por la coartada de "hacer caja" para el partido cerrando los ojos sobre la procedencia), lo que viene a ser lo mismo. Por obvias razones, esto es casi imposible de probar, pero cualquier ciudadano atento puede colegirlo con la simple enumeración y encadenamiento de hechos cotidianos que, como se dice, claman al cielo.
Aquellos dirigentes o funcionarios que ni se dejan corromper ni son narcotraficantes, o están ajenos al corazón del problema o muy poco pueden hacer, porque la mayor parte de los instrumentos de los que en teoría disponen para el combate, están infiltrados o en manos, o a merced de los narcotraficantes; de su doble poder: económico o de mortal "persuasión". En una entrevista esclarecedora (7), Mónica Cuñarro, ex titular de la unidad argentina de ayuda para el combate al narcotráfico (Ufidro), subrayó que "hay que investigar si la policía permite, protege o participa del narcotráfico" y que "es preocupante que se denuncie que posiblemente las fuerzas de seguridad protejan al narcotráfico".
¿Sólo las fuerzas de seguridad, en un país donde una de las principales líneas aéreas enviaba a Europa maletas repletas de cocaína -que pasaban por todos los controles- sin siquiera tomarse la molestia de que un pasajero las registrase a su nombre? ¿En un país donde la cuñada de un Presidente intentó pasar por la aduana una fortuna en dólares cash escondida en una maleta? ¿En un país donde se construyen pistas de aterrizaje de gran calado prácticamente en el desierto y nadie se considera obligado a dar explicaciones más o menos razonables, y además nadie las pide? ¿En un país donde los asesinos e implicados en el asesinato de José Luis Cabezas ya están libres, incluso los condenados a "cadena perpetua? (8)
Por supuesto que no toda corrupción se origina en el narcotráfico, pero es posible deducir que éste es la principal fuente de corrupción y que, de un modo u otro, está ligado a la mayor parte de las modalidades de corrupción conocidas, sobre todo las más voluminosas, por decirlo así: desde los paraísos fiscales (¿no es ésta una forma de corrupción alegremente aceptada, como si los negocios ilegales no fuesen su corazón y su esencia?) y el lavado de dinero, pasando por el financiamiento de los partidos políticos, los "fondos de inversión" dedicados a comprar empresas quebradas o a quebrarlas y los extraordinarios booms de sectores que, como el inmobiliario, se producen en numerosos países. Una de las mayores paradojas de este tiempo es que cada vez hay más pobres y mayor liquidez.
Fracaso absoluto
La enorme experiencia internacional acumulada indica que es imposible resolver el problema del narcotráfico por métodos represivos: esa visión ha fracasado sistemáticamente en todas partes; tanto respecto de la producción como del consumo. Se han gastado miles de millones de dólares y sólo se ha logrado profundizar la corrupción en todos los países, incluyendo a Estados Unidos, sin avanzar un milímetro, al contrario.
Pero en cambio, el método represivo persigue fines políticos, además de hacerle el juego al negocio del narcotráfico... y al de la venta de armamentos, puesto que van de la mano. Hace una década, Estados Unidos negó a Colombia por dos años consecutivos la “certificación” -establecida por ellos mismos- de país que lucha seriamente contra el narcotrafico. El entonces presidente de Colombia, Ernesto Samper, no podía visitar Estados Unidos porque se le negaba la visa de entrada a causa de una acusación, nunca probada, de haber sido elegido con la ayuda de seis millones de dólares aportados por el cartel de Cali. En un excelente artículo publicado en septiembre de 1997, el enviado de La Nación, Enrique Comellas, apuntaba al corazón del problema: “En tres años de gestión, el gobierno de Samper llevó adelante una de las luchas más duras posibles contra los carteles de la droga, desarticuló a las bandas más poderosas, remontó una legislación complaciente y encarceló o mató a los principales líderes del narcotráfico. Puso en marcha la extinción del dominio, que permite incautarse de los bienes de los narcotraficantes y despojar de los mismos a sus herederos. Se trata de la acción más eficaz de un gobierno en décadas contra la mafia de los alcaloides, pese a lo cual la propaganda norteamericana y la oposición política lo estigmatizaron con la marca del diablo: la narco-corrupción (...) Samper jamás tuvo tiempo para gobernar, apremiado por una guerrilla con la que siempre quiso dialogar para evitar un baño de sangre y que los militares pretenden exterminar en el campo de combate ( estuvo) permanentemente a la defensiva, jaqueado por adversarios que exigían sus renuncia y por la descertificación norteamericana (...) no pudo dar vida a su plan de reformas sociales, que había constituído la base de su plataforma, un instrumento para dejar sin razones a la guerrilla y el autético motivo de las reacciones adversas de una clase política abroquelada en viejas estructuras sociales” (9).
Es que para el gobierno de Estados Unidos, la "lucha contra el narcotráfico" no es más que una manera de extender y concretar sus ambiciones político-militares. Ya en tiempos del atribulado Samper, Eleonora Gossman, corresponsal de Clarín en Brasil, apuntaba que “a nadie se le escapa que es un antiguo anhelo de los EE.UU. hacer pie con estructuras militares en Latinoamérica”, y Anthony Boadle señalaba en The Buenos Aires Herald que ese"anhelo" tenía expresiones muy concretas: “un ejemplo de la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, ofrecido por funcionarios de los EE.UU., sería un puente aéreo sobre los Andes, con estaciones de radar manejadas por personal estadounidense en las regiones selváticas de Perú y Colombia”. Por su parte, Oscar Cardoso concluía lúcidamente en Clarín que “la insistencia de Washington para que las naciones americanas involucren a sus ejércitos en la lucha contra el narcotráfico no es sólo la lucha contra esa forma de crimen organizado; también configura un escenario hemisférico en el que podría haber una delegación de la política de defensa en los Estados Unidos, mientras América Latina apenas conservaría fuerzas policiales más o menos militarizadas” (10).
El problema del narcomilitarismo es de primera importancia para los países latinoamericanos, que sin embargo siguen aceptando la "solución represiva" y acaban in extremis por acudir a los militares -como ahora mismo en México y Brasil- con lo que es muy probable que solo consigan aumentar el nivel de corrupción militar y policial ya existente (11). Aceptar la lógica represiva es caer en una doble trampa. La primera, introducir o agravar el problema del narcotráfico, las secuelas de la drogadicción y, sobre todo, abrir enormes las puertas a la corrupción. La segunda, ceder irresponsablemente funciones de soberanía y violar los propios preceptos constitucionales.
La única manera eficaz que es posible concebir para acotar al máximo el narcotráfico y anular casi todos sus efectos sociales negativos es una liberalización lo más amplia posible y llevada a cabo con consenso internacional. Esta solución es apoyada por personalidades e instituciones de todo el espectro político e ideológico mundial, aunque sugestivamente por poquísimos dirigentes políticos.
Pero hasta que ese consenso se produzca, países como Argentina debe hacer lo posible por involucrar al conjunto de la sociedad y asumir las políticas internacionalmente probadas más realistas y eficaces, evitando los peligros señalados más arriba. Una de las claves es separar de una vez por todas el problema del consumo de drogas -que incluye las de venta legal- y a éste, a su vez, del de la drogadicción.
Teniendo todo esto en cuenta, las posiciones que sustenta el secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de Argentina, José Ramón Granero, no sólo son absurdas y contrarias a toda la experiencia mundial acumulada, sino que ponen a la política oficial en la materia bajo la sospecha de favorecer -aun involuntariamente- el comercio y consumo ilegal; de acentuar el déficit institucional, la inseguridad y los conflictos sociales y de poner al país en riesgo de ceder soberanía en sectores neurálgicos.
1 Julio Argañaraz, “La mafia usó la crisis global…”, y María Laura Avignolo, “El narcotráfico acosa a Marsella”, ambos en Clarín, Buenos Aires, 9-9-12.
2 A pesar de la presencia de tropas especiales, en un solo día aparecieron en Río 13 cadáveres mutilados. El País, Madrid, 26-1-07.
3 El nuevo presidente, Felipe Calderón, aseguró que "México corría el riesgo de ser dominado por el crimen" (El País, Madrid, 21-1-07). No es posible saber por qué Calderón usa el tiempo pasado, como si su sola asunción hubiese acabado con el flagelo. En 2006, siete periodistas mexicanos, para citar sólo un ejemplo, fueron asesinados por el narcotráfico. Clarín, Buenos Aires, 26-1-07.
4 Raúl Kollmann, "Creen que los federales salteños llevaron más de mil kilos de drogas", Página 12, Buenos Aires, 25-5-07. En esa provincia ocurren numerosos crímenes vinculados con el narcotráfico y desde hace tiempo se acusa a altísimos dirigentes políticos de ser narcotraficantes. Rafael Saralegui, "Según la DEA, el padre de Romero era narco", revista TXT, Buenos Aires, 21-3-03. "Romero" es Juan Carlos Romero, compañero de fórmula presidencial de Carlos Menem en 2004. "La DEA" es la Drug Enforcement Agency de Estados Unidos. El artículo está acompañado de facsímiles de los documentos de la DEA en los que Romero padre aparece implicado. Ver también Horacio Verbitsky, "Droga y política", Página 12, Buenos Aires, 5-10-06.
5 Cristián Alarcón, "Nadie está a salvo en la villa", Página 12, Buenos Aires, 22-1-07.
6 Según la DEA, esta cifra es de 600.000 millones, el doble. Carlos Gabetta, "El peligro del narcomilitarismo", trespuntos, Buenos Aires, 6-11-97 7 Cristian Alarcón, "La policía y la guerra de narcos en la ciudad", Página 12, Buenos Aires, 8-1-07.
8 El fotógrafo José Luis Cabezas fue asesinado el 25-1-1997 por ex policías y militares a cargo de la custodia de un turbio "hombre de negocios", Alfredo Yabrán, quien se suicidó luego en confusas circunstancias. Condenados a prisión perpetua, al igual que un ex comisario que había "liberado" la zona del crimen, los principales responsables están hoy libres.
9 Citado en Carlos Gabetta, ibid.
10 Ibid.
11 En la provincia de Buenos Aires existe un proyecto de ley "que en el mejor de los casos permitirá la equiparación de los sistemas público y privado de seguridad y en el peor el establecimiento de verdaderos narcoejércitos". Horacio Verbitsky, "Narcoejércitos", Página 12, Buenos Aires, 28-12-06.
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