Si usted es una persona con dependencia moderada de nada servirá que solicite una ayuda a la Ley de Dependencia este año. El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el viernes pasado congelar un año el calendario de implantación de la norma. Seguirán dándose ayudas a los casos más graves, 150.000 de los cuales tienen la ayuda reconocida pero no la reciben. Pero sólo las recibirán los moderados de nivel 2 (los más graves dentro de los moderados), que ya las percibían o que ya fueron valorados a lo largo del año pasado. Los moderados de nivel 1 entrarán en el sistema en 2014, un año más tarde de lo previsto.
La ley entró en vigor hace cinco años de forma progresiva, atendiendo primero a las personas con una dependencia más grave. El año pasado, empezaron a darse ayudas a los dependientes moderados de nivel 2 y estaba previsto que este año se continuaran otorgando nuevas prestaciones a este colectivo.
Hay 150.000 casos graves reconocidos pero que aún no reciben ayuda
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no ha detallado a cuántas personas podría afectar esta medida ni qué ahorro supone a las arcas públicas. Según los cálculos de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, unas 35.000 personas dependientes moderadas de nivel 2 pedirían este año una nueva ayuda, por tanto no se gestionarán sus expedientes hasta 2013.
La asociación, formada por trabajadores del ámbito de los servicios sociales, saca esta cifra proyectando el número de solicitudes que se han ido presentando, según el grado y nivel de dependencia, durante estos cinco años. Con esta cifra sobre la mesa, el Estado ahorraría unos 40 millones de euros, explica el presidente de esta Asociación, José Manuel Ramírez, por lo que "no justifica la congelación", opina.
Unas 165.000 personas con dependencia moderada de nivel 2 ya estaban evaluadas al fin del año. De estas, unas 150.000 continúan esperando que se les comunique el tipo de ayuda que se les concede y que esta se haga efectiva. El recorte no les afecta, aunque, en la práctica, el derecho subjetivo que se les ha reconocido no llegue.
Los directores de servicios sociales calculan el ahorro en 40 millones
Es el caso de Amparo Giner, valenciana de 67 años. Pegada a una silla de ruedas, con un 90% de discapacidad, todavía no ha recibido la ayuda que le corresponde. La Generalitat Valenciana ni siquiera le ha comunicado qué tipo de ayuda le da. "Me dicen que las ayudas deben ir primero a los grandes dependientes, que no hay dinero, pero ¿qué culpa tengo yo?", explica. Mientras, la mujer, que vive sola, se las apaña con la ayuda a domicilio que le proporcionan los servicios sociales del Ayuntamiento de Valencia.
Con retraso
Por su parte, Manuel Reyes Grau, vecino de Orihuela de 49 años, deberá esperar dos años más para recibir la ayuda que le corresponde a su padre. El hombre, de 76 años, es dependiente moderado de nivel 1. Le correspondía recibir la ayuda en 2013, pero se ha retrasado un año. Unas 220.000 personas están en su misma situación. "Siempre lo pagamos los más desgraciados", se queja Manuel, que hace unos años tuvo que dejar de trabajar para cuidar de sus pades. Su madre también es dependiente.
El cambio en la norma ha inquietado al colectivo de personas con dependencia. "Estamos muy preocupados, nadie nos ha explicado en qué consiste exactamente el recorte", denuncia Alicia Resino, portavoz de la Plataforma de la Dependencia de Alcorcón. Su correoelectrónico ha recibido un aluvión de emails estos días.
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia no descarta salir a la calle para mostrar el rechazo de la ciudadanía ante las medidas que está tomando el Partido Popular (PP) en material social y, de esta forma, poner de manifiesto la situación de "alarma social" creada por el Gobierno tras los recortes anunciados en este ámbito
Así lo ha puesto de manifiesto una de las portavoces de la Plataforma Ana González, tras la reunión que han llevado a cabo este jueves en Madrid dependientes, familiares, organizaciones sociales y los sindicatos CCOO y UGT. Esta movilización surge como respuesta a los anuncios realizados por el Ejecutivo a raíz del Consejo Interterritorial del Sistema de Atención a la Dependencia y que incluyen la reducción de 283 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado.
Asimismo, han anunciado que iniciarán una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para reclamar el apoyo a los grupos de oposición, ya que "está claro que con el PP no se puede contar dada su política de recortes". En este sentido, han adelantado que van a solicitar una Subcomisión de Seguimiento de la Aplicación de la Ley de Dependencia.
De esta forma, pretenden una mayor transparencia por parte de todas las administraciones del Estado en torno al modo en el que se está aplicando la Ley. Además, pretenden que sirva para "contar con todos los actores necesarios para emitir un informe más allá de lo que decida el Consejo Interterritorial del Sistema de Dependencia".
El coordinador de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia, Jaime Esteban, ha afirmado que las medidas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy "van a traducirse en un empeoramiento de la gestión y una casi desaparición de las inversiones necesarias para la mejora de la aplicación de la Ley de Dependencia en todas las comunidades autónomas".
300.000 PERSONAS EN EL 'LIMBO DE LA DEPENDENCIA'
Asimismo, Esteban ha advertido de que seguirá aumentando el número de españoles en las listas de espera del "limbo de la dependencia" y que actualmente ha cifrado en 300.000 casos. También cree que afectará a la vida de las mujeres españolas, que constituyen el 90 por ciento de los cuidadores y de los trabajadores de la dependencia. "La mujer volverá a casa como la derecha cree que debería hacer", ha apostillado.
Por otra parte, el coordinador de la Plataforma ha insistido en que "no se puede tratar de igualar el sistema de dependencia tomando como referencia a las comunidades que peor la ha aplicado". Así, ha recordado que había unas comunidades que cumplían muy bien con la Ley de Dependencia, como son Castilla-León, La Rioja, País Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha y Andalucía. Mientras que Canarias, Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid, siempre han estado en la cola.
En este punto, ha señalado que el Real Decreto-Ley del pasado mes de diciembre, por el que se aprobaba una moratoria de un año en la entrada de los dependientes moderados en el sistema, ha supuesto un "punto de inflexión", que perjudica "gravemente" al colectivo y que fue adoptada sin un consenso político o social.
Esteban ha concluido que la Ley de Dependencia no puede funcionar sin los servicios sociales y ha alertado de que "una gran parte de los dependientes se van a ver afectados, a su vez, por el copago sanitario" anunciado este mes por el Gobierno.
QUIERO PONER MI COMENTARIO, YO Y TODOS LOS QUE ADMINISTRAMOS ESTE BLOG ESTAMOS POR ENCIMA DE POLÍTICA ALGUNA,Y NO CENSURAMOS NADA SALVO EXCEPCIONES,QUE TAMBIÉN LAS HAY,SOMOS JUSTOS Y CONTINUAREMOS SIÉNDOLOS.
ResponderEliminarGRACIAS.