Por MI Salta
Gran repercusión tuvo el pedido de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del martes al Gobierno, en el que todos los integrantes del máximo tribunal exigieron “medidas urgentes contra el narcotráfico en el NOA”. Los jueces de la Corte llegaron a esa conclusión después de estudiar los informes elaborados por actores de la Justicia en el norte argentino. El Tribuno tuvo acceso al documento sobre el narcotráfico que alarmó a los jueces de la Corte, que entre otras cosas señala que “el crecimiento de la actividad (tráfico de estupefacientes) en esta jurisdicción merece una atención distinta a la de otras del país”. Según el documento,la preocupación está en “evitar perder el control estatal sobre las situaciones que acucian a la sociedad”. Es decir, el tráfico de drogas creció en el norte y los jueces tienen miedo de que el Estado termine sin poder controlar la situación. Para que esto no suceda, la Justicia en el NOA pidió acciones inmediatas a la Corte Suprema, que le reclamó al Gobierno actuar urgentemente.
Es que la Justicia Federal de Salta y Jujuy recibió más de 19.000 causas el año pasado, un 101% más que en 2005. Desde ese año creció un 84 por ciento la cantidad de casos vinculados al narcotráfico que deben resolver los jueces. Los datos forman parte del contundente informe que mandó la Cámara Federal de Apelaciones de Salta a la Corte Suprema para reclamar más recursos y prevención.
La Cámara Federal es el tercer tribunal del interior que más expedientes penales recibe por año según revela el documento, que expone la realidad de un sistema judicial y carcelario desbordado por el avance del delito organizado.
En los últimos años no solo aumentaron las causas de narcotráfico. También se duplicó el total de casos que ingresan a los juzgados por hechos que pueden estar relacionados con el crecimiento de la violencia en la región.
El texto que se envió a la Corte Suprema remarca la desprotección de los límites con Bolivia. “En el caso de nuestra jurisdicción NOA, su extensa frontera es la gran puerta de entrada para la gran mayoría del tráfico ilegal de drogas y otros delitos conexos (como la trata de personas) que impactarán inevitablemente en el centro y sur de nuestro país”, advierte el informe.
Los jueces de la Cámara Federal piden que se cree un “gabinete criminológico para el seguimiento, control y verificación en los casos de narcotráfico y trata de personas”. También demandan abrir dos centros de internación para personas con adicción.
“El incremento y diversidad de fuerzas que actúen correlacionadamente darían mayor presencia federal, control y seguridad en el área, además de prevenir los conflictos que se avizoran a corto plazo, ante la presencia de miles de personas que se están radicando en la zona, dedicadas al tráfico de estupefacientes”, dice el texto firmado por Jorge Luis Villada y Roberto Loutaif Ranea, jueces de la Cámara Federal de Apelaciones.
De acuerdo a datos que pudo confirmar El Tribuno, solo el Juzgado Federal de Orán tenía hasta junio 6.755 procesos penales en trámite. Actualmente hay 280 presos a disposición de ese juzgado en comisarías. Otras 200 personas permanecen detenidas por causas que se tramitan en los dos juzgados federales de Salta.
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta está compuesta por una única sala de tres jueces, mientras otras tienen dos salas, pese a que es una de los que más investigaciones abiertas tiene. En ese contexto surgió el pedido que alarmó a la Corte Suprema.
Lo que exige la Corte Suprema
La Corte Suprema de Justicia de la Nación pidió el martes de manera oficial al Consejo de la Magistratura y a los ministerios de Justicia y de Seguridad que adopten medidas “urgentes” para combatir el narcotráfico en el norte del país.
El máximo tribunal reclamó que arbitren de inmediato las medidas sugeridas por jueces federales de Salta, Tucumán y Jujuy debido a “la grave problemática” que denuncian vinculada al tráfico de estupefacientes y otros hechos delictivos en la zona.
Ya el pasado 31 de octubre la Corte libró oficios al Consejo de la Magistratura, al Ministerio de Justicia y al de Seguridad de la Nación para solicitarles que arbitren las medidas que fueran necesarias para combatir la problemática denunciada por los jueces federales del norte del país, “sin que a la fecha se hubiera recibido respuesta de ninguno de dichos organismos”, informó el máximo tribunal.
Momentos antes del alarmante llamado de la Corte, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, había defendido en los medios nacionales las políticas del Gobierno en la lucha contra al narcotráfico.
“Las fronteras están bien cuidadas... El combate contra el narcotráfico es activo, bastante eficiente y frontal”, había declarado Berni antes de que se conociera el duro informe de la Corte Suprema.
Si el secretario estuviera en lo cierto, entonces la Argentina no sería, según la ONU, el tercer puerto proveedor de cocaína desde 2013.
El reclamo
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta recordó que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la instalación de siete radares de fabricación nacional y la remodelación de otros 20 radares civiles en 2011.
“Resulta conveniente la pronta y total implementación de estas acciones anunciadas, en una frontera que está altamente desprotegida y sin controles suficientes a lo largo de su extensa geografía”, señala el informe que redactó el Tribunal. También se solicita un escáner para cada paso fronterizo.
“Resulta conveniente la pronta y total implementación de estas acciones anunciadas, en una frontera que está altamente desprotegida y sin controles suficientes a lo largo de su extensa geografía”, señala el informe que redactó el Tribunal. También se solicita un escáner para cada paso fronterizo.
Los pedidos
Los jueces federales de Salta demandaron mayor presencia de los organismos de control en la región. El texto que remitieron a la Corte Suprema pide: “Gestionar ante otros organismos nacionales la reinstalación (Policía Federal Argentina) o bien la instalación (Policía de Seguridad Aeroportuaria) de destacamentos en las ciudades de Salvador Mazza, General Mosconi, Orán y Tartagal”. También requiere más personal de AFIP, DGI y Migraciones en la zona de frontera.
Más edificios
El informe que envió la Cámara Federal de Apelaciones de Salta a la Corte Suprema pide más infraestructura. “Se sugiere la construcción de un edificio federal único en Jujuy en los terrenos que ya acordaron el Consejo de la Magistratura y el Superior Gobierno de la Provincia de Jujuy. También la eventual construcción de un edificio federal único en Salta Capital para los tres juzgados federales, dos tribunales orales, dos salas de cámara, la alcaidía y archivo en general (en las proximidades del Estadio Delmi)”, dice el documento.
Sin recursos, ante millones del narco
“Los narcos andan en un Audi o en un Mercedes Benz con una velocidad de 240 kilómetros por hora y los están corriendo con una camioneta F100 que va a 120, como mucho”. El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Jorge Villada, describió, de esa forma, el déficit de recursos de las fuerzas de seguridad para combatir a grupos organizados, que mueven millones de dólares.
El magistrado no solo apuntó a la radarización y a poner en marcha el Escudo Norte, sino a la postergada necesidad de crear el juzgado de Tartagal, el Tribunal Oral II en Salta y la Segunda Sala de la Cámara Federal de Apelaciones. Entre las urgencias, incluyó una alcaidía y una cárcel cercana a la frontera.
Villada precisó que en Salta hay solo 120 miembros de la Policía Federal y 70 en Jujuy. “Necesitas entre 40 o 50 efectivos para cada juzgado”. Como estrategia para frenar el narcotráfico, consideró que más cuerpos judiciales “respaldarán el accionar de las fuerzas de seguridad”.
Teniendo en cuenta los vínculos culturales y comerciales entre Salta y Bolivia, Villada instó a las autoridades de los dos países a desarrollar un plan integral contra el delito. Agregó que entre 2005 y 2012 las causas por narcotráfico crecieron un 84%.
Juzgados y cárceles, desbordados
El juez federal Miguel Medina remarcó ayer que la lucha contra el narcotráfico reclama “más recursos, estructuras y presencia de fuerzas de seguridad” en el norte del país. Tras insistir en que los juzgados federales de Salta y Jujuy “están abarrotados” de causas relacionadas con el tráfico de drogas, el magistrado hizo votos para que el nuevo llamamiento de la Corte Suprema sea atendido con las medidas urgentes que se piden con insistencia.
Medina hizo notar que también el sistema carcelario de la región “está desbordado” en su capacidad.
El juez federal 2 de Salta advirtió que la situación de Orán supera todo lo imaginable por su cercanía con la frontera. Pese a todas las dificultades y limitaciones, el Juzgado Federal a cargo del doctor Raúl Reynoso cumple una tarea formidable, subrayó Medina, tras señalar que, a junio de 2013, se tramitaban 6.755 causas penales en el juzgado norteño, que estos días tiene 280 detenidos alojados en comisarías y otras dependencias inadecuadas.
La cifra es más que significativa, si se considera que los dos juzgados federales de Salta tienen alrededor de 200 personas detenidas en causas vinculadas con el narcotráfico, el crimen organizado y otros delitos de frontera.
Solo 4 agentes para inteligencia
“La dotación de la Dirección de la Policía Federal dedicada a hacer inteligencia en caso de drogas y crimen organizado solo tiene cuatro agentes, lo que obliga a los jueces a requerir la colaboración de la Policía provincial”, advirtieron los jueces federales tucumanos Daniel Bejas y Fernando Poviña, en el reporte que elevaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fines de octubre.
En ese informe, con el que acompañaron la presentación que realizara al máximo tribunal del país la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, los magistrados de la vecina provincia insistieron en la importancia de poner en funcionamiento un tercer juzgado, recientemente aprobado por una ley, para agilizar las causas abiertas en esa jurisdicción . En igual sentido, los jueces Bejas y Poviña consideraron indispensable la incorporación de personal para las tareas administrativas, atento al crecimiento de los delitos federales.
Los jueces federales de Tucumán, asimismo, sugirieron como prioritaria la construcción de una unidad penitenciaria nacional. Resaltaron, al respecto, que las unidades penitenciarias más cercanas se encuentran en Pintos (Santiago del Estero) y General Gemes (Salta). Esto obliga, también en esa jurisdicción, a alojar presos federales en centros de detención provincial
